Antonella Mirabelli tenía 19 años y pesaba 35 kilos. No quería recibir atención médica, y su madre y su abuela estaban convencidas de que Dios era todo lo que ella necesitaba. Por eso, impidieron que recibiera asistencia médica y psicológica para tratar su anorexia, tal como reclamaba el padre de la adolescente. La Justicia les dio la razón, al considerar que la chica era mayor de edad. En la madrugada del pasado domingo, la hallaron muerta, en su cama, en la casa de la familia, en Rosario del Tala (Entre Ríos, Argentina).
Christian Mirabelli, el padre, denunció que la Justicia no impidió la muerte de su hija, pese a sus pedidos y ahora reclama que las otras seis hijas, que tienen entre 6 y 17 años, queden bajo su custodia o que la Justicia garantice que puedan acceder a la atención médica cuando lo necesiten.
Los padres de Antonella se separaron hace seis años, cuando, según contaron familiares de la joven fallecida, la madre se sumó a un grupo religioso fundamentalista que pregona que Dios es el que suple todas las necesidades, físicas y espirituales.
Este grupo, reúne a apenas 30 personas en Rosario del Tala, no tiene nombre y está liderado por Cielo Roca, la abuela de Antonella, y no responde a ninguna religión. No son Testigos de Jehová, ni evangélicos ni católicos. Según explican desde la familia de la adolescente, la abuela recibiría "visiones y revelaciones divinas" y las impartiría entre sus seguidores.
Tras conocerse la noticia de la muerte de Antonella, su madre, Verónica Rodríguez Roca, publicó en su página de Facebook una carta en la que le agradece al fiscal de la causa, Samuel Elvio Rojkin, y a la jueza Elina Corral por no hacer lugar al pedido del padre.
"Gracias por permitir ejercer la ley con toda libertad de los derechos individuales de las personas, a mi hija María Antonella se los quisieron quitar; permitiéndole hacer su voluntad, ya que ella permaneció firme en su fe hasta el momento de su partida [sic]", escribió la mujer.
Según contó Natalia Mirabelli, tía de Antonella, en septiembre pasado, el padre de la chica, que es enfermero, presentó una denuncia ante la Defensoría de Pobres y Menores de Argentina al advertir el deterioro en la salud de su hija mayor.
El Juzgado Civil y Comercial, a cargo de la jueza María Elina Corral, recibió sus denuncias y se solicitó la realización de un informe diagnóstico para determinar si la adolescente estaba en condiciones psicológicas de aceptar o rechazar un tratamiento médico, en vistas de que era mayor de edad.
En marzo, según el relato de la tía, la Justicia recibió un informe del hospital psiquiátrico de la provincia en el que se apuntaba la necesidad de una internación con carácter de urgente, pero la Justicia se negó a darle a la atención un carácter compulsivo, tal como solicitaba el padre, al invocar la ley de salud mental.
La Justicia decidió respetar la decisión de Antonella, que, no obstante, accedió a asistir a una clínica para recibir atención psicológica. "El mismo día en que iba a realizar la primera consulta psicológica, la abuela y las tías maternas fueron al hospital y se la llevaron -detalló Natalia Mirabelli-. Ellas se oponen a cualquier tipo de asistencia que no sea la de Dios."
Según la familia del padre, la Justicia priorizó el respeto del derecho individual de Antonella a no recibir atención médica antes que a la evaluación psicológica de si la chica estaba en condiciones de decidir recibir o no tal atención.
"En otras circunstancias el Señor la había librado de esquizofrenia y trombosis -agregó la madre en su muro en Facebook-. Pero la voluntad del Señor no fue la del anhelo de nuestro corazón sino que ella tenía que partir. Pues nuestra fe no está fundada en sabiduría de hombre sino en el poder de Dios; la ciencia de lo alto que sana, que libra al hombre y limpia el pecado en Cristo. Jesús es el que da la vida; si quiere la extiende, la acorta y también la puede quitar. Todos tenemos el día y la hora señalado de nuestra partida."
El fiscal Rojkin, que intervino en el caso, afirmó que se hizo todo lo posible por salvar a Antonella, pero afirmó que el Estado no podía internar en un centro médico por la fuerza a la mujer mayor de edad y "en uso de sus facultades mentales".
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